MISIONES.UNO | Las recientes decisiones del Gobierno nacional de eliminar, recortar o desfinanciar programas clave de salud pública –como el Plan ENIA, Salud Comunitaria, DADSE, el INMET, Incluir Salud, el plan de vacunación y la respuesta a VIH y enfermedades crónicas– encendieron alertas entre especialistas y organizaciones, que advierten por el deterioro en la prevención, el acceso a medicación y la atención de los sectores más vulnerables del país.

En los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó con medidas de ajuste y reorganización del gasto que repercuten de manera directa en el sistema de salud pública. La cancelación, desfinanciación o reestructuración de distintos programas generó alarma entre profesionales, pacientes y organizaciones sociales, que advierten por un retroceso en materia de prevención y acceso a tratamientos esenciales.

Entre las bajas formales se encuentra el Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), desmantelado en marzo de 2024. El programa articulaba políticas de salud, educación y desarrollo social y había logrado reducir de forma significativa la fecundidad adolescente. Especialistas alertan que su eliminación puede incrementar barreras para acceder a información y métodos anticonceptivos.

Otro de los programas suprimidos es el Programa Nacional de Salud Comunitaria, dado de baja por el Ministerio de Salud a mediados de 2024. Esta iniciativa sostenía una red de promotores y equipos territoriales que facilitaban la detección temprana de enfermedades y el seguimiento de personas con patologías crónicas.

A esto se suma la desaparición de la Dirección de Asistencia en Situaciones Especiales (DADSE), oficializada a fines de 2024 mediante el decreto 1138/24. La medida afectó la provisión de medicamentos de alto costo, entre ellos tratamientos oncológicos. Paralelamente, se redujeron programas vinculados al cáncer, con impacto en campañas de detección precoz y en el acceso a fármacos claves.

En julio de 2025 se dispuso, por Decreto 458/25, la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET). El Gobierno argumentó superposición de funciones y necesidad de optimizar recursos, transfiriendo sus tareas al ANLIS-Malbrán. Sin embargo, investigadores advierten que se pierde una estructura especializada en enfermedades tropicales, como el dengue, con fuerte inserción en zonas vulnerables.

Además de las eliminaciones, varios programas continúan formalmente, pero con fuerte desfinanciamiento. Incluir Salud, destinado a personas sin cobertura médica en situación de vulnerabilidad, registra demoras, recortes de prestaciones y dificultades en la entrega de medicamentos y prótesis, vinculadas al ajuste presupuestario impulsado por la administración de Javier Milei.

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, responsable del acceso gratuito a anticonceptivos, preservativos y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, enfrenta recortes reales estimados entre 60% y 80% respecto de años previos. Organizaciones señalan faltantes de insumos y demoras en la distribución a las provincias.

También se encuentra comprometido el Programa 22, que concentra la respuesta nacional al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Entidades de pacientes y especialistas denuncian falta de reactivos, interrupciones en testeos y riesgo en la continuidad de tratamientos, en un contexto de fuertes recortes proyectados para 2026. Advierten, además, un posible incumplimiento de la Ley 27.675.

El calendario nacional de vacunación se mantiene vigente, pero con menor ejecución presupuestaria, lo que impacta en la compra, distribución y campañas de inmunización. Infectólogos alertan por la caída en las tasas de vacunación y el riesgo de reaparición de enfermedades como sarampión o coqueluche.

Programas históricos como Remediar, que garantiza medicamentos esenciales en centros de atención primaria, siguen activos pero con menos presupuesto y menor nivel de ejecución, lo que se traduce en menos entregas y cobertura limitada para sectores de bajos ingresos.

Colegio de profesionales, sociedades científicas y organizaciones civiles coinciden en que el conjunto de medidas configura un escenario de “retrocesos inéditos en décadas” en salud pública, con hospitales saturados, faltantes de recursos y demoras en prácticas críticas. Los efectos recaen con mayor fuerza sobre personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, personas con VIH, jubilados y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.