MISIONES.UNO | El Gobierno de Misiones dispuso, mediante decreto, diferir hasta el 20 de enero de 2026 el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre de 2025 para autoridades superiores y personal de alta jerarquía. La medida busca ordenar las finanzas provinciales y garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales del resto de la administración pública sin modificaciones.

El Gobierno de Misiones oficializó este jueves la postergación del pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre de 2025 para autoridades superiores y personal de alta jerarquía. La medida quedó establecida en el Decreto N° 2482, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán y el coordinador general de Gabinete Héctor Ricardo Llera.
Según el texto oficial, la decisión se fundamenta en la actual situación financiera de la provincia, lo que obliga a implementar medidas de ordenamiento interno para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la administración. En ese marco, el pago se trasladará al 20 de enero de 2026.
El alcance de la disposición incluye a los cargos considerados como Autoridades Superiores y Personal Superior: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, integrantes de la cúpula de la Policía de Misiones, directores del Servicio Penitenciario, asesores, coordinadores, presidentes y vicepresidentes de entes descentralizados y autárquicos. También se suman las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General, la Tesorería General de la Provincia, así como el presidente y vocales del Consejo General de Educación.
Con esta resolución, el Poder Ejecutivo busca preservar el pago en tiempo y forma para el resto de los trabajadores de la administración pública provincial, evitando modificaciones en los cronogramas habituales. La medida, en consecuencia, afecta únicamente a los funcionarios de mayor jerarquía, quienes deberán percibir el medio aguinaldo recién en enero del próximo año.
De esta manera, Misiones establece un esquema de ajuste financiero que prioriza la estabilidad en el cumplimiento de las obligaciones salariales generales, mientras difiere el beneficio de los cargos superiores en un contexto de restricciones económicas
